El Govern prevé crear un banco central de Cataluña (BCC) en una Cataluña independiente, para supervisar la solvencia de las entidades financieras. Según un documento del Departamento de Economía, al cual ha tenido acceso el ACN, esta entidad, que contaría con unos quinientos trabajadores, contribuiría a mantener la estabilidad de los precios y se encargaría de ejecutar la política monetaria, supervisar y promover el funcionamiento del sistema de pagos y gestionar las divisas y la puesta en circulación de euros. El documento desmiente los temores en torno a los ahorros y deja claro que durante el periodo transitorio hacia la independencia todos los depósitos de las entidades catalanas se mantendrán bajo el paraguas del fondo de garantía español.
Así mismo, el texto –titulado ‘La situación de la economía en un estado catalán’– detalla la estructura de un sistema financiero en la Cataluña independiente, que tendrá dos supervisores: el uno, el banco central, y el otro, una autoridad catalana de inversiones y mercados (ACIM), que supervisará la conducta y asegurará la protección de los inversores y una correcta formación de los precios.
Estabilidad económica para Cataluña
Las dos instituciones ‘dotarían Cataluña de voz propia en organismos monetarios europeos e internacionales’, según el documento. El BCC ejecutaría la política monetaria, la supervisión microprudencial y macroprudencial y promovería el buen funcionamiento del sistema de pagos. También se encargaría de elaborar estatístiques, gestionar divisas y poner en circulación euros, además de servicios de tesorería y deuda pública. Una actividad que ejercería siguiendo los principios ‘de independencia, transparencia, rendición de cuentas, igualdad de acceso profesional y eficiencia’.
Según los cálculos del Departamento de Economía, la creación del banco tendría un efecto multiplicador en el PIB, de resultas de la creación de lugares de trabajo especializados, que lo situaría ‘entre los bancos centrales más eficientes de Europa’. El banco aportaría unos beneficios de unos quinientos millones de euros anuales limpios a la economía catalana, que se podrían destinar a la mejora de servicios públicos esenciales.
Protección de los consumidores
Por otro lado, se crearía un sistema de protección de los consumidores para evitar el lanzamiento de productos complejos y abusivos (cómo preferentes, subordinadas o cláusulas suelo) e impedir una situación como la que se ha vivido recientemente en el estado español con ayudas y rescates bancarios diseñados de forma que era imposible de recuperar el dinero, según un informe del BCE.
El ámbito financiero de una república catalana también contaría con un banco público de desarrollo con licencia bancaria para financiar proyectos clave de infraestructuras, apoyo a pymes, I+D e iniciativas contra la exclusión social. En esta línea, el Instituto Catalán de Finanzas tiene previsto de pedir la autorización bancaria europea para operar como banco público a partir del 2018. El consejero delegado del ICF, Isaac Sanromà, avanzó en abril que la entidad se podría llamar Banco Público de Inversiones de Cataluña o Banco Catalán de Inversiones.